Hace unos días estaba almorzando en el
bar de siempre, al tiempo que en la enorme pantalla aparecía un político
mostrándose verdaderamente indignado por la reforma de las pensiones que
endurece el acceso a las mismas, aumentando el periodo de cálculo de la base
reguladora, e incrementa de forma progresiva la edad de jubilación.
A mi lado un venerable patrón de pelo
cano asentía y le dijo a su compañero, también venerable pero calvo: “¡Que nos
hagan esto después de pasar toda la vida cotizando…! ¿Dónde estará nuestro
dinero? El dinero que hemos pagado y que nos quitaron durante toda nuestra
vida…”. Su compañero asintió, al igual que los otros parroquianos del bar que
parecían estar compartiendo un consenso generalizado.
El venerable patrón estaba errado: Su
pensión no se deriva de las aportaciones que había hecho a lo largo de su vida,
su pensión se deriva exclusivamente de las aportaciones que están haciendo en
estos momentos todos los cotizantes. Las aportaciones que hiciera ese señor ya
fueron gastadas en pagar las pensiones de los pensionistas existentes cuando él
las pagó.
El sistema de pensiones públicas español
es un sistema de reparto de prestaciones definidas.
Un sistema
de reparto consiste en que los pagos anuales de los cotizantes se usan para
pagar las pensiones reconocidas o declaradas en ese período.
Que
las prestaciones sean definidas
significa que las condiciones de la pensión (por ejemplo, cuantía) está en
función de determinados parámetros previstos en la ley (años de cotización,
base de cotización, edad de jubilación, condición física en caso de las
prestaciones de invalidez…). Por supuesto que tal ‘definición’ es independiente
del monto total de ingresos de la seguridad social en un determinado año.
El
sistema español de pensiones no es
un sistema de capitalización de las aportaciones sociales que hacen las
empresas y los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral. El trabajador
no tiene derecho a ‘sus’ aportaciones sociales capitalizadas, sino que sólo tiene
derecho, si en el momento de su jubilación existen suficientes cotizantes para
sostener el sistema de pensiones.
Es
decir, el sistema español de pensiones forma un esquema piramidal, en la
que el grueso de la población que vive entre los 20-65 años sostiene a la
población incapacitada o que tiene más de 65 años, y se quiere definir como un
sistema de solidariedad intergeneracional.
Evidentemente
cuando se inicia es un sistema extremadamente atractivo dado que toda la
población es cotizante y apenas existen perceptores, pero cuando las sucesivas generaciones
de cotizantes se convierten en perceptores aparecen os problemas.
En el Esquema Ponzi, cuando se
inicia resulta extremadamente rentable, pero cuando los nuevos partícipes van a
recibir la retribución esperada se encuentran con que es menor de la esperada o
directamente no existe.
El sistema piramidal de reparto español
solo se puede sostener con dos condiciones:
- Que la
población entre los 20-65 años sufra un desempleo bajo,
- Que la
población incapacitada o de más de 65 años no sea muy numerosa.
En el tema de las pensiones públicas en
España se ha producido una Tormenta Perfecta, confluyendo todas las circunstancias
para hacer que este sistema fracase completamente. El sistema español de pensiones
públicas es un muerto a quien solo le hace falta enfriar.
España
tuvo una espectacular expansión demográfica en las décadas de los 50, 60 y 70 del
pasado siglo lo que provocó que se dispusiera de una gran reserva de mano de
obra, es decir, de cotizantes.
La
cantidad de perceptores existente en ese período fue muy baja por:
- La
incidencia de la Guerra Civil, (muertos y exiliados que no llegaron a ser jubilados)
- La
incidencia de la emigración, que provocaba menos presión en el mercado de
trabajo y
- la población
de gente mayor en la instauración del actual sistema de pensiones era una
población solo parcialmente cubierta por el antiguo sistema SOVI (Seguro
Obrero de Vejez e Invalidez) cuyas prestaciones eran mucho más humildes.
El sistema de salud español fue un
rotundo éxito mundial, convirtiendo a la población española en una de las
poblaciones mundiales de mayor esperanza de vida. Tal éxito conlleva una
presión sobre el sistema de pensiones que lo convierte en inviable, dado que hace
que los perceptores de pensiones públicas tengan una vida como pensionistas de
entre 20-25 años.
El
hecho de que estemos ante un sistema de reparto, y de que las reglas de ese
reparto non sean de los ciudadanos cotizantes sino de los políticos, provocó
que el sistema sea más ineficiente: Se han generado privilegios como pensiones
sin cotización suficiente –presión en el sistema- en el caso de los políticos,
de los religiosos, o a través de las prestaciones de Invalidez de determinados
colectivos que interesaba políticamente favorecerlos, trabajadores da minería,
de la agricultura, de la Marina mercante o pesquera, o el reciente caso
de los ERES en Andalucía. De hecho, quien decide sobre el dinero ajeno es más imprudente
que quién decide sobre su propio dinero.
Como
dice el informe del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones,
el actual sistema corre un clarísimo riesgo demográfico, dado que la población
no crece y la base piramidal es menor que la parte superior de la pirámide
poblacional. Se prevé que los pensionistas pasen de los 9 millones actuales a
15 millones en 2052, y debemos recordar que se calculó que eran necesarios 5
cotizantes para sostener a un solo perceptor.
El
Comité de Expertos propone varias alternativas:
- Aplicar un
factor de sostenibilidad que mitigue la mayor esperanza de vida. A mayor esperanza de vida, menor pensión
mensual. Es una forma de penalizar a los incautos que le hicieron caso al
Gobierno en las campañas propagandísticas contra el alcohol y el tabaco.
Supongo que el Comité de Expertos propondrá la realización de un chequeo
médico obligatorio para penalizar a los ciudadanos insolidarios que estén
sanos. En un Esquema Ponzi sería tanto como pedirle a los partícipes que
rebajaran la cuantía de los intereses que esperan recibir para que el
sistema pudiera pervivir.
- Aumentar el
número de cotizantes prolongando la vida activa de los trabajadores mediante el retraso de la edad de jubilación.
Tal propuesta parte del mito de que los trabajadores tienen siempre la
posibilidad de seguir trabajando, pero esa situación solo se da en el caso
de un mercado de trabajo expansivo y con pleno empleo. Un sistema tan
intervencionista como el actual provoca como resultado precisamente lo
contrario: un mercado de trabajo con un alto nivel de desempleo. En un Esquema
Ponzi es tanto como buscar a más partícipes, pero ya vimos que la
saturación se da siempre, más pronto que tarde.
- Disminuir la
ratio de la pensión media sobre el salario medio. La idea es que cuanta menos relación tenga la
pensión respecto del último salario, mayor sostenibilidad del sistema.
Esta propuesta consiste en buscar la norma menos favorable al futuro
pensionista, pero es equívoca: después de esta dura crisis, muchos
trabajadores tenían mayores ingresos hace 10 años que en la actualidad.
- Aumentar el
trasvase de recursos económicos desde otras fuentes al sistema de
seguridad social. En
resumen consiste en que a través de impuestos se sostenía el sistema, pero
tal propuesta significa penalizar todavía más a los actuales trabajadores
a través de mayores impuestos, reduciendo su actual –e muy mermada-
capacidad adquisitiva sin que esté garantizado que en el futuro se puedan
mantener los actuales niveles adquisitivos de las pensiones. En un Esquema
Ponzi supondría que la empresa que inició tal sistema solicite una
subvención al Estado para seguir sosteniendo el engaño en el tempo. Lo
malo es que en un Esquema Ponzi existe población ajea a la estafa (el
Estado, otros ciudadanos) pero en el sistema público de pensión no hay nadie
ajeno al sistema, y no hay a quién pedirle ayuda o a quién engañar.
Como
podemos ver las propuestas del Comité de Expertos son para que nos preguntemos
seriamente sobre ese autotítulo de 'expertos' dado que todas van encaminadas a
reducir la cuantía de la pensión de los pensionistas futuros.
Todas
las propuestas del Comité de Expertos significan poner unos temporales parches
a un sistema absolutamente obsoleto y fracasado.
Adoptar
las propuestas del Comité de Expertos significa posponer la quiebra del sistema
25 años en el futuro, y a cambio de convertir este país en más pobre, menos
competitivo, y con una presión fiscal que siempre crece y asfixiante.
No
adoptar las propuestas del Comité de Expertos significa quebrar el sistema de la
seguridad social en un plazo de 10 años.
¿Dónde
está el engaño?
El
engaño es que, quién quiso estudiar la viabilidad del sistema, ya lo sabía,
e ya lo sabía hace 10, 15 y hace 20 años.
Pero
los políticos no tienen ningún incentivo para resolver los problemas de los
ciudadanos que estos van a descubrir dentro de 10 o 15 años, los políticos descubren
que obtienen mucha más rentabilidad política gastando hoy, que ahorrando para el
mañana.
El
engaño está en los políticos que quisieron creer en los años 80, cuando el
declive demográfico era evidente que España podría volver a tasas de crecimiento
poblacional de los años 60.
El
engaño está en los políticos que, con una total falta de responsabilidad, vendieron
como ‘conquistas sociales’ (más
pensiones, y pensiones más altas) lo que no era sino puro y simple ahorro. Y
que no reconocieron y no reconocen que cuando se gasta el ahorro, desaparece la
supuesta ‘conquista social’.
El
engaño está en los propios ciudadanos, en nosotros mismos, que no quisimos
informarnos de las verdades incómodas, y que preferimos creer que el gasto es
gratis, que el despilfarro es gratis, que la irresponsabilidad de los políticos
es gratis, y que es posible la existencia de pensiones públicas sin cotizantes.
Existe
una solución, una solución valiente, una solución posible, que favorece a los
ciudadanos y que incrementaría su responsabilidad y aumentaría la prosperidad general.
Es una solución que tiene una grave defecto: supone reducir el poder de los
políticos, y será objeto de una futura comunicación.
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